A través de este aval del Estado, se busca asegurar a los propietarios el cobro de las rentas impagadas, así como ciertos gastos adicionales, mientras que se facilita a jóvenes y colectivos vulnerables el acceso a un alquiler digno. En este artículo explicamos en profundidad en qué consiste, cómo funciona y qué ventajas ofrece tanto para arrendadores como arrendatarios.
El aval público por impago de alquiler es una garantía financiera otorgada por el Estado para proteger a los propietarios ante la falta de pago de la renta por parte de determinados inquilinos. Se trata de un aval para alquiler gestionado por las comunidades autónomas, financiado con fondos estatales, y que cubre una serie de conceptos más allá del simple impago mensual.
Este aval del Estado se enmarca en una estrategia más amplia de política de vivienda, cuyo fin es facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en zonas tensionadas, garantizar la estabilidad jurídica y fomentar la oferta de pisos en alquiler.
A diferencia de un aval personal para alquiler privado, esta garantía no la aporta un tercero particular o una entidad financiera, sino que es el propio Estado quien asume ese rol, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones y requisitos.
Aunque el aval alquiler piso y el seguro de impago pueden parecer similares, existen diferencias importantes:
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El aval público se posiciona como una alternativa para quienes no tienen acceso a un aval personal para alquiler o no pueden asumir los costes de un seguro privado.
El sistema de aval público de alquiler está regulado por el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025. Su funcionamiento parte de un principio sencillo: en caso de que un inquilino protegido por este sistema no pague el alquiler, el propietario puede solicitar al Estado el abono de las rentas impagadas y otros gastos incluidos en la cobertura.
Para acceder al aval del Estado, el inquilino deberá cumplir al menos uno de estos dos criterios:
Además, debe suscribir un compromiso formal con el arrendador respecto al aval, utilizando el modelo que establecerá la Administración.
El arrendador también debe cumplir ciertas condiciones para poder beneficiarse del aval para alquiler:
Aunque el decreto fue publicado el 28 de enero de 2025, la puesta en marcha efectiva del sistema requiere un desarrollo reglamentario. Se prevé que el reglamento esté aprobado en un plazo máximo de seis meses desde esa fecha, por lo que la solicitud del aval podría estar disponible a partir del segundo semestre de 2025.
La tramitación y concesión del aval dependerá de cada comunidad autónoma, por lo que conviene consultar los canales oficiales de vivienda regionales.
El aval alquiler del Estado cubre los siguientes conceptos:
Se trata de una cobertura integral que va más allá de los seguros tradicionales y que representa una garantía adicional para los propietarios.
El aval público de alquiler cubrirá todas las mensualidades impagadas hasta la recuperación de la posesión de la vivienda por parte del arrendador. Esto puede producirse por:
El propietario tiene un plazo de seis meses desde la recuperación del inmueble para presentar la solicitud de compensación. No se establece, de momento, un número máximo de mensualidades cubiertas, lo que lo convierte en una cobertura especialmente robusta frente a los impagos de alquiler.
El proceso será gestionado por las comunidades autónomas, aunque el marco general es el siguiente:
¿Quién puede solicitar el aval público de alquiler?
El aval público de alquiler puede ser solicitado de manera conjunta por el arrendador y el arrendatario, aunque es el inquilino quien debe cumplir con los criterios de elegibilidad: ser menor de 35 años o encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica. La solicitud se gestiona a través de la comunidad autónoma donde esté situada la vivienda.
¿Cuántos meses cubre el aval del Estado en caso de impago?
El aval cubre la totalidad de las mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere legalmente la posesión del inmueble. No se establece un límite de meses en el Real Decreto, lo que ofrece una cobertura muy completa en caso de impago prolongado.
¿Cómo afecta el aval público a los propietarios?
El aval estatal supone una mejora notable de la seguridad jurídica para los propietarios. Al garantizar el cobro de rentas y cubrir otros costes asociados (como daños o suministros impagados), el aval contribuye a:
Además, al estar gestionado públicamente y financiado por el Estado, no representa un coste adicional para el propietario si se cumplen los requisitos.
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