Es la primera norma que tendremos en España consagrada a esta materia, al menos durante la historia de la democracia. No obstante, ha levantado mucho revuelo, pues algunas voces de expertos critican que protege básicamente ocupa, pero no al propietario al que deja sin herramientas para salir al paso de estas situaciones.
Por este motivo, vamos a analizar las novedades que introduce y cuáles son las más relevantes.
A grandes rasgos, podemos destacar los siguientes.
Es importante que tengamos claro qué se entiende por zona tensionada dado que es un concepto de gran relevancia en el mercado del alquiler y especialmente para entender de manera adecuada lo que se dispone en esta norma.
De este modo, una zona tensionada es aquella en la que la demanda de vivienda supera a la oferta existente y ello ha provocado un crecimiento constante en el precio de los alquileres.
Para poder declarar una zona como tensionada deberán darse las siguientes circunstancias:
Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los organismos competentes para hacerlo.
Otro cambio sustancial es el relativo a los grandes tenedores, ya que no será preciso contar con diez inmuebles o más para ser considerado como tal, sino que con cinco bastará para recibir esta consideración.
Este es un cambio relevante puesto que si el gran tenedor es una persona jurídica deberá limitarse a un tope en la cuantía de los alquileres que reclame a los inquilinos. En concreto, no podrá superar nunca el 3%.
Carece de importancia el ipc, pues se desvincula por completo de este índice. Así, ya no se empleará como referencia para actualizar la renta que paga el inquilino.
De esta manera, la inflación carecerá de relevancia y nunca superará al ipc.
No se podrán trasladar al inquilino determinados gastos de la vivienda, como los impuestos del ibi o de la basura, salvo que exista un acuerdo inicial entre las partes.
El precio no podrá superar el 2 % durante este 2023 y el 3% el próximo.
En cuanto a los desahucios de viviendas ocupadas, el proceso será más lento en el caso de que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad.
También será preciso notificar previamente el día y hora en que este se llevará a cabo, de lo contrario será ilegal.
Además, se reconoce la capacidad de utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desahucio, como alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política pertinente.
Se pueden obtener beneficios fiscales por alquiler viviendas en zonas tensionadas o una reducción incrementada del 70% cuando se arriende la vivienda por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años.
¿Qué gastos asume el propietario en la nueva ley de vivienda?
Los gastos de agencia correrán a cargo del propietario siempre que él haya contratado sus servicios.
¿Cuándo entra en vigor la ley de la vivienda?
Todavía tiene que llegar al Senado, y si no se plantean objeciones, se aprobará y deberá publicarse en el BOE para su entrada en vigor, pero se estima que lo haga antes de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.
¿Cuánto me pueden subir el alquiler en 2023?
No puede superar el 2% del precio inicialmente pactado este año y el 3% el próximo.
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