Consejo de Ministros a un consenso en torno a ella. Dicha normativa tiene como propósito regular diferentes ámbitos del sector inmobiliario tales como las posibles ayudas para favorecer el acceso a la vivienda, la regulación de los desahucios, un parque de vivienda asequible o la limitación de los precios del alquiler en aquellas áreas en las que existe un auténtico boom en la demanda que parece quedar insuficiente para atender todas las peticiones (las conocidas como zonas tensionadas).
Lo cierto es que la normativa no se ha ganado el favor del público y muchos expertos la tachan de intervencionista y la acusan, además, de ocasionar inseguridad jurídica. También alertan de que se ha quedado un tanto corta a la hora de crear incentivos para la adquisición de vivienda.
Incluso desde organismos del calado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tienen ambages a la hora de señalar que algunas medidas que se aprueban, como la regulación del precio del alquiler, invade las competencias reconocidas y delegadas por ley a las comunidades autónomas.
Por supuesto, el Gobierno tiene una opinión bien distinta de esta ley que pretende, a su juicio, amparar un derecho constitucional como es el de la vivienda. De este modo, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado que se trata de una nueva "ley rigurosa que blinda el carácter social que debe tener la vivienda".
Al margen de todas las posibles controversias, sin duda, hay muchos aspectos que cambian sustancialmente a raíz de esta reciente ley. Por lo tanto, vamos a abordar las novedades más interesantes para que no nos pille de nuevas todo lo que entraña su entrada en vigor.
Una de las parcelas en las que ha querido entrar la nueva regulación es en la que tiene que ver con los alquileres públicos. Al respecto, se establece que las nuevas promociones de obra nueva deberán reservar el 30% de viviendas al parque público.
A cambio de esta cesión, el Gobierno compensará a los promotores con pagos, cesión de suelos o ampliación de un 30 % de las promociones. La existencia de ciertos incentivos es importante ya que, de lo contrario, la inversión privada puede perder el interés en sacar adelante nuevas promociones y la oferta, por ello, caiga de una manera drástica.
Lo cierto es que no sabemos si esto será suficiente para frenar una hipotética sangría. De hecho, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) está convencida de que la propuesta ahuyentará la inversión extranjera en España.
Otra importante polémica nos la sirve este nuevo recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el que serán gravadas las casas que se encuentren vacías. De esta manera, el Gobierno pretende enriquecer la oferta de viviendas que a día de hoy resulta escaso para satisfacer las crecientes necesidades de la población.
No obstante, no podemos pasar por alto los incentivos fiscales que trae consigo la nueva ley. Así, los pequeños propietarios –que tienen en propiedad menos de diez viviendas– podrán optar a descuentos e incentivos fiscales si se deciden a rebajar el precio de alquiler en sus viviendas. De hecho, es posible obtener una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en concepto de alquiler si se pliegan a bajar el alquiler del inmueble.
De esta manera, nos encontramos con el siguiente escenario:
Bonificación del 50% a quienes alquilen su vivienda.
Bonificación 70% si el inquilino es un joven de entre 18 y 35 años.
Bonificación 90% si se produce en áreas tensionadas.
Por su parte, los grandes propietarios –que son aquellos que detentan más de diez inmuebles en propiedad, ya sean personas físicas o jurídicas– también deben atenerse a importantes novedades. Así, se verán obligados a adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona en el caso de viviendas que se encuentren en las denominadas ‘zonas tensionadas’.
Pero ¿qué se entiende como zona tensionada? En concreto, se considera como tal aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. También se incluirían aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.
También se percibe en esta ley una especial sensibilidad por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que se ven abocadas a la calle ante el impago de sus alquileres.
Al respecto, se mejora la comunicación entre los jueces y los servicios sociales para impedir precisamente que surjan estas situaciones tan dramáticas y que desde el área competente se ofrezca una solución a estos perfiles de población. A fin de que pueda tramitarse la búsqueda de una vivienda se amplía de uno a dos meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario de la vivienda es un particular y se extiende algo más –de tres a cuatro meses– cuando el titular de la casa es una empresa.
En suma, la ley de la vivienda pretende solucionar gran parte de los problemas de vivienda que sufre una parte importante de la población. Todavía es pronto para juzgar si lo ha conseguido o si ocasionará nuevos inconvenientes.
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